Edgla Gonzalez @CruzEdgla

Será corta la noche de esta estirpe sanguinaria, porque el dolor ha de unirnos a todos. La ENEE volverá a ser pública. Recuperaremos el país que hoy desmoronan hijos y gusanos.

Al General Roosevelt Hernández lo persiguen porque no quizo dar un golpe de estado, de lo contrario ya lo hubieran declarado héroe Nacional.

1 de septiembre mes de la Independencia Este 1 de septiembre, cuando Honduras inicia el mes de la Independencia, los nuevos piratas asaltan la última gran empresa pública del pueblo hondureño: la ENEE. El Estado, mediante una ley aprobada en el Congreso Nacional, ( sin contar con libre y algunos liberales) renunció a su obligación de defender lo público y entrega el control estratégico de la energía a voraces corporaciones económicas. Es la restauración del viejo modelo privatizador que durante décadas y después del fatídico golpe, 2009, convirtieron los derechos del pueblo en negocios de particulares La democracia liberal evidentemente ha fracasado en Honduras, cuando el pueblo asiste a las urnas, pero otros deciden quién gobierna sin contar los votos. El poder ya no se conquista popularmente: las élites controlan políticos instituciones, y utilizan juicios espurios para concentrar los poderes del Estado. Las revelaciones sobre Fernando Cerimedo en Honduras deben investigarse hasta llegar a la verdad y sus últimas consecuencias. No hay democracia, cuando Washington interviene, señala ganadores, Donald Trump indulta a Juan Orlando Hernández y después vienen las fuerzas políticas y económicas a repartirse, el botín Quien se opone es perseguido. El caso del general Roosevelt Hernández arrimado a los tribunales para obligarlo a retractarse convierten la justicia en instrumento de intimidación política. Como decía Germán Allan Padgett: “¡Pobre pueblo, pobre!” Podrán aprobar leyes para repartir negocios. Pero no podrán nunca privatizar la conciencia y la voluntad soberana del pueblo hondureño. La ENEE volverá a ser plenamente pública. 2029

En noviembre de 2029 la gente evaluará muchas cosas. Si baja el recibo de la luz, si mejora el servicio, si hay más cobertura, entonces el bipartidismo habrá triunfado. Si sucede todo lo contrario, el castigo electoral será implacable. Este país ya demostró que el voto de castigo es su único mecanismo de catarsis. Honduras los está viendo.

🚨 EXCLUSIVA | @canalredamericalatina y @diarioredamericalatina acceden a audios exclusivos que destapan cómo el expresidente Juan Orlando Hernández buscó comprar los medios de comunicación más vistos de Honduras. "Ya HCH está hablado, porque en ICN yo sólo veo Nasry, Jorge, Tommy... entonces yo me voy a ir con todo, por eso decidí comprar ICN." Juan Orlando Hernández lo dice en sus propios audios. No te pierdas la nota completa en nuestro sitio web de Diario Red América Latina

Nasry dijo que el ministro que no trabaje a su ritmo va para afuera: — Seguridad: masacres y asesinatos como nunca. — Educación: No han puesto ni una lámina en ninguna escuela. — SIT: Se robo 800 millones del bacheo. — Comunicación: Solo se comunica con las 3 amantes que tiene en Casa Presidencial. — Turismo: el único que quiere regresar a Honduras es JOH. — Salud: cancelaron los hospitales, no ha medicinas, le pagaron a los privados y no hacen operaciones. Parece que el ritmo que se refería es ser INUTIL, CORRUPTO E INEFICIENTE, porque no ha sacado a nadie.

#HCHNoticias | 🟥¡ÚLTIMO MOMENTO!🟥 En el bulevar del sur, frente al Campo AGAS murió atropellado un motociclista. El conductor que lo embistió se dio a la fuga. FP

Dos días después del acto, los militares asesinos hacen llamadas anónimas a la Policía y al director de la Normal Pedro Nufio, para despistar sobre la desaparición. Pasan los días y el estupor crece en las radios locales. A las 7:30 de la mañana del 15 de julio, el país se conmocionó hasta los tuétanos ante la brutalidad de lo inasible. El cadáver de Riccy es hallado en una poza de la quebrada El Sapo, frente a El Berrinche, una zona donde los militares asesinos acostumbraban a tirar cuerpos de sus víctimas. En las semanas siguientes, el gobierno de Callejas se enfrenta a su primera prueba de fuego. Decenas de colegios de secundaria se declaran en paro, se inician huelgas en todo el país y en La Ceiba el caos de la indignación amenaza con incendiar la ciudad. Los medios de comunicación impresos ejercen por primera vez el amarillismo gráfico. Los horrendos detalles de la violación y las fotos del cadáver cambiarían para siempre la forma de comunicación y medios en el país. También, el caso se convertirá en la escuela de periodismo y crónica negra de toda una generación. La democracia tutelada por fin permite el ejercicio de la prensa contra el ejército luego de 30 años de dictaduras militares. El divorcio entre las Fuerzas Armadas y el Estado de Honduras se vuelve inevitable a partir de este hecho. Ante la indignación, las autoridades capturan a los autores materiales, un coronel y un sargento de las Fuerzas Armadas de Honduras. Los otros participantes del delito nunca serán identificados con certeza. El escándalo internacional amenaza al presidente Callejas, quien pide personalmente ayuda al FBI. Se inicia una investigación con pruebas de ADN, otro suceso inédito en el país. Las decenas de testigos, casi todos militares, llegan a los juzgados, que se muestran incapaces de manejar el proceso, así como también evidencian la necesidad de tener un ministerio público, algo que se convertirá en prioridad para el gobierno un año después. Los juicios a los culpables se prolongan 24 meses, la sociedad va superando el asesinato pero algunas cosas nunca volvieron a ser iguales. Los diversos sectores de la izquierda hondureña exigen la creación de partidos y organizaciones políticas y sociales que permitan trabajar para evitar sucesos como el que acaba de pasar y se lleva el caso a diversos tribunales internacionales. Las preguntas centrales sobre el origen y causas del suceso nunca fueron contestadas, la justicia nunca logró hacerse por completo, una generación entera sintió en carne propia, en su conciencia, el dolor por la muerte inocente y brutal de una compañera, amiga, novia, hija, hermana, una hondureña más. La institución castrense, relegada a un segundo plano con la instauración de un modelo "democrático" con el cambio de década, queda evidenciada como una entidad podrida y corrupta, violenta y machista, misógina y patriarcal, retrógrada. Callejas maniobra la creación de un ministerio público, se abre una agencia de investigación y la Comisión de la Verdad, instalada para doblar la página oscura de la década anterior, usa la muerte de Riccy como una bandera de lucha para la consolidación de un cambio. En la atmósfera gris y conservadora de Tegucigalpa, la sensación es de injusticia y dolor. El cantautor Geño Estrada compone la canción "Mabelita", que se convierte en una dolorosa letanía de impotencia sobre el femicidio de la que se convirtió en la víctima visible final de una era y la primera de otra, la de la necropolítica, del Estado asesino neoliberal. 3 décadas después, el asesinato de Riccy Mabel es una amarga moraleja de lo que sucede cuando se pierde la democracia y la barbarie se apodera de un país. — José Carlos Cardona —

RICCY MABEL MARTÍNEZ: EL CRIMEN QUE ACABÓ CON LA DÉCADA PERDIDA (1/2) Una tarde como hoy, hace 35 años, una estudiante de 17 años fue al Batallón de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas de Honduras, en las afueras de Tegucigalpa. Su novio había sido reclutado y, tal como él diría después, ambos habían acordado un dramático discurso para gestionar su liberación, basado sobre todo en la declaración, por parte de ella, de que eran pareja y tenían hogar formado, que ella estudiaba la secundaria gracias a la ayuda de él. La muchacha se llama Riccy Mabel, es oriunda de La Ceiba, cursaba magisterio en la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio, la mejor del país. Honduras se encontraba en una transición silenciosa. El presidente Rafael Leonardo Callejas, un flamante tecnócrata de 48 años, llevaba varios meses enfrascado en una campaña internacional para "traer la paz y la inversión” al país. Se logró la repatriación de decenas de exiliados, las organizaciones de derechos humanos avanzaban en su proceso de consolidación de casos y denuncias de desaparecidos, los fondos extranjeros empezaron a llegar para sumarse a la gran campaña de "reconciliación nacional". Centroamérica está a punto de lograr la paz definitiva tras la culminación de una parte de los acuerdos de Esquipulas II, que le dieron el Nobel a Oscar Arias 5 años atrás. En Honduras no obstante, hay una tensa calma. El asesinato de Gustavo Adolfo Álvarez Martínez, en 1989, abrió una herida profunda en el orgullo de las Fuerzas Armadas, que se consideraban imbatibles y moralmente legítimas. El pueblo les repudia y el trabajo de las organizaciones de derechos humanos les incomoda. La orden del gobierno de George Bush es esclarecer la oscuridad y las horribles violaciones y muertes de miles de personas durante la recién llamada "década perdida". Jorge Omar Casco, rector de la UNAH, se ha mostrado reacio a abrir expedientes de denuncia e investigación por la desaparición de varios estudiantes universitarios pero se distancia prudencialmente del Ejército, luego de una relación institucional cercana como nefasta en tiempos de su antecesor, Oswaldo Ramos Soto. La estudiante normalista de la que hablamos, ajena a toda esta situación, sólo piensa en ir a liberar a su novio al Batallón ese sábado por la tarde. Tiene la contestura física de las costeñas mestizas, las piernas torneadas y la figura esbelta, con el pelo rizado a media coleta. Sus compañeros la consideran alegre y sencilla. Sus profesores dan fe de su carácter respetuoso y prudente. Ella no lo sabe, pero ese será su último día en el mundo. Riccy Mabel Martínez, una hondureña llena de vida y juventud, fue brutalmente torturada, violada y asesinada por un grupo de elite de ese batallón donde se encontraba su novio. Los detalles posteriores revelarán un asesinato tan espantoso que estuvo a punto de acabar con el proyecto de estabilización y limpieza de cara que los Estados Unidos intentaban consolidar en la pequeña democracia tutelada de Honduras. Esteban García, un vendedor de helados, fue el último civil en ver a Riccy, cuando la subieron sin uso de fuerza (se cree que ella conocía bien a los instigadores del secuestro) a un Hyundai pony amarillo, "idéntico al de un militar". Los detalles del juicio a sus violadores revelarán después que se había planeado violarla pero no matarla, que opuso una resistencia de amazona y que la tortura fue parte de una perversa y enferma, pero innecesaria forma de apagar su espíritu, su inocencia y su vida. Le cercenaron el seno derecho, le mutilaron los labios mayores, le quebraron todos los dientes frontales, le cortaron la lengua, el ojo derecho fue casi sacado de su órbita y tenía hematomas de golpes en casi todo el cuerpo. Para entorpecer las investigaciones, sus asesinos hicieron cortes en el abdomen y sacaron pedazos de órganos internos. En la ropa interior de su cadáver encontraron semen y vello púbico de 4 hombres, prueba irrefutable de su violación.

Así como vendieron a precio de gallo muerto el avión van a vender la ENEE.

Está en marcha el plan para anular la personería jurídica del @PartidoLibre antes de noviembre, que según publicaciones de encuestas, será la inminente derrota política de Donald J. Trump, quien indultó al capo Juan Orlando Hernández condenado por la justicia norteamericana. El asalto a los poderes del Estado desde el @Congreso_HND con la renuncia de la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, obtenida bajo chantaje y leída en el hemiciclo; la destitución del Fiscal General Johel Zelaya, del Consejero del CNE Marlon Ochoa y del Magistrado del TJE Mario Morazán, utilizando de manera perversa y arbitraria la figura del juicio político, son fases del siniestro y antidemocrático plan. Alertamos que estas acciones también buscan ocultar la incapacidad del @PNH_oficial y su régimen bicéfalo (bipartidista) que gobierna con injusticia, impone un alto costo de la vida, asesina campesinos en el Bajo Aguán, despoja de sus tierras ancestrales al pueblo garífuna y masacra el derecho al trabajo de miles de hondureños identificados con el @PartidoLibre. Estos abusos confirman la estrategia para encubrir el robo electoral del siglo, el domingo 30 de noviembre, y las intenciones de perpetuarse en el poder. Los 37 audios conocidos en el Honduras Gate, son la prueba irrefutable donde confiesan que matan, develan la alta corrupción del poder, la entrega del territorio nacional y la privatización en beneficio de una élite que está impune, por el respaldo público de Donald J. Trump y Benjamín Netanyahu. El @PartidoLibre nacido de la resistencia que luchó por la consulta popular de la Cuarta Urna, contra el golpe de Estado militar de 2009, probado con 17 años en las calles y cuatro años del buen gobierno de @XiomaraCastroZ, ha demostrado sin lugar a dudas, ser la principal fuerza de oposición en defensa de la democracia, la soberanía nacional y los sagrados intereses del pueblo hondureño. Nuestro deber y compromiso revolucionario, como Partido de izquierda, frente a un régimen donde se premia a los responsables de delitos y se castiga a los inocentes; es cumplir el urgente mandato de la Coordinación General del Partido integrada por José Manuel Zelaya y Rixi Moncada. Por ello, invitamos a nuestra dirigencia a nivel nacional, a la bancada que está en lucha, a la resistencia y sectores sociales, a unirnos contra el fascismo. A partir de este sábado 11, haré acto de presencia en la comunidad de Villa Santa, El Paraíso, para continuar e impulsar la gran cruzada nacional organizando los colectivos; planificando las acciones de lucha; exigiendo los derechos de campesinos y pueblos ancestrales; y el respeto de los derechos laborales de millares de militantes despedidos injustamente sólo por sectarismo político. Esta cruzada demanda nuestra legítima representación en los organismos electorales, conquistada con sangre de mártires y tras años de sacrificio del pueblo hondureño, y el inmediato nombramiento de nuestros representantes; movilizándonos en todo el país por la legítima vigencia de la personería jurídica del @PartidoLibre que planifican cancelar. Los espero🙌💥

Los 37 audios del Honduras Gate siguen cumpliéndose. Condeno enérgicamente la política de despojo, desalojos forzados, corrupción, privatización y crimen organizado que el bipartidismo ha vuelto a imponerle a Honduras. Un modelo de acumulación injusta de riqueza, fuerza, persecución y violencia que solo produce miseria y desesperanza, especialmente en la juventud, que vive con miedo en su propia patria. La peor proyección de crecimiento económico de Centroamérica; la energía por las nubes y los salarios más precarios que nunca. Comunidades garífunas y familias pobres desalojadas de sus territorios ancestrales; asesinatos y masacres en aumento. Cancelaron la construcción de los hospitales, el laboratorio de medicamentos y los programas multitudinarios donde nuestro pueblo era atendido gratuitamente por problemas de la vista. Privatizan para sus amigos, entregan contratos del Estado a quienes los pusieron; bacheos millonarios en lugar de carreteras nuevas; y avanzan firmando contratos tramposos en la ENEE. Están haciendo de la función pública el negocio de sus vidas, mientras masacran laboralmente a trabajadores como si el Estado fuera de su propiedad. ¡Fuerza a quienes resisten! Abrazo profundo a las familias que lloran a sus muertos, víctimas del crimen organizado. ¡Dios con el pueblo hondureño! Combatiremos sin descanso este régimen oprobioso y corrupto; y volveremos a vivir en un país con respeto, decencia y esperanza. Seremos libres.🙌

Escucho a líderes políticos, medios de comunicación, y otros sectores declarándose en contra de la privatización, solo que hay que hacerle unas modificaciones a la ley que pretende aprobar el partido Nacional,.- Déjenme decirles que es una trampa, solo cambiarán la redacción.

Good bye ex compañeras, que disfruten sus vacaciones bien pagadas y con protección diplomática. Puede que momentáneamente hayan podido comprar su impunidad, por el apoyo del hegemón, pero el pueblo no olvida que la narcodictadura son ustedes. Su condena será el repudio popular por ser las alumnas superadas de la curva de Batson y las autoras de las únicas elecciones en la historia en que se declararon Presidente, Diputados y Alcaldes sin contar los votos y actas en su totalidad. Gastaron 6 meses y quién sabe cuántos millones de lempiras más en un intento por borrar los audios y la memoria de su monumental fraude. Salieron con las mismas mentiras recicladas. Tuvieron menos sintonía que el partido Jordania - Argelia. Entregaron el país a los poderes fácticos que hoy se reparten la ENEE y las exoneraciones en pago. A través de mis redes sociales estaré refutando una por una las calumnias proferidas contra mí, contra mi equipo y contra el gobierno de LIBRE.

#LaHistoriaDeHonduras | La subcoordinadora del Partido Libre, Rixi Moncada, aseguró que la ENEE “está siendo saqueada” y afirmó que las reformas impulsadas por el Gobierno buscan abrir paso a su privatización. Además, llamó a defender la empresa estatal como un patrimonio del pueblo hondureño.

¿A quiénes les debe la ENEE? La discusión sobre el futuro del sector energético hondureño no puede limitarse a consignas ideológicas ni a discursos sobre inversión extranjera. Debe analizarse a la luz de los hechos, de las advertencias formuladas en su momento y de los resultados observados en otros países que recorrieron caminos similares. Durante años se promovió la idea de que la transformación del sector eléctrico en el país, la fragmentación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en sociedades mercantiles subsidiarias y la apertura a nuevos esquemas de inversión traerían mayor eficiencia, competitividad y energía más barata para los hondureños. Incluso la Embajada de los Estados Unidos en Honduras y el Departamento de Estado expresaron públicamente su respaldo a reformas que, según afirmaban, impulsarían la inversión, fortalecerían la competitividad y contribuirían a un acceso más confiable y asequible a la energía. Sin embargo, desde el inicio existieron voces que advirtieron sobre los riesgos de ese modelo. El economista y congresista Hugo Noé Pino, a quien en mi período legislativo nombré como presidente de la Comisión de Energía del Congreso Nacional, advirtió que la reforma representa una privatización disfrazada y alertó sobre el riesgo de que los activos estratégicos de la ENEE —represas, líneas de transmisión, subestaciones y demás infraestructura construida con recursos del pueblo hondureño— terminaran siendo transferidos a sociedades mercantiles susceptibles de ser privatizadas en el futuro. Posteriormente, el exgerente de la ENEE, Erick Tejada, señaló que el esquema contenido en la normativa reproducía el modelo implementado en Guatemala, donde las empresas subsidiarias se rigen bajo criterios mercantiles y donde, con el paso de los años, la mayor parte de los activos de distribución eléctrica terminó privatizada. Según su análisis, ese proceso concluyó con algunos de los precios de energía residencial más altos de Centroamérica y con la pérdida de control público sobre infraestructura estratégica. Las preocupaciones no eran infundadas. El propio texto legal establece que las subsidiarias de la ENEE serían constituidas como sociedades mercantiles y que sus bienes, compras, contrataciones y financiamientos se regirían por normas del derecho mercantil. Además, podrían contratar préstamos con instituciones financieras nacionales e internacionales, emitir instrumentos de deuda y operar bajo estructuras propias del mercado privado. Para muchos especialistas, estos elementos constituyen la arquitectura jurídica necesaria para avanzar gradualmente hacia una privatización escalonada del sistema eléctrico nacional. Pero el verdadero debate no es únicamente quién genera la energía. El verdadero debate es quién controla el sistema eléctrico nacional. Con la aprobación del Decreto 46-2022 reconocimos que la energía constituye un bien público de seguridad nacional y un derecho humano precisamente porque quien controla el despacho, la transmisión, la regulación y la planificación energética controla uno de los pilares fundamentales de la soberanía del Estado. La discusión no puede reducirse a un simple negocio de compra y venta de electricidad; está en juego el control de una infraestructura estratégica para el desarrollo, la seguridad y la independencia nacional. La experiencia internacional demuestra que estas advertencias no deben tomarse a la ligera. En Estados Unidos, particularmente en California, se impulsaron durante años políticas energéticas presentadas como modernas, sostenibles y beneficiosas para los consumidores. Sin embargo, el resultado fue un incremento sostenido de las tarifas eléctricas, trasladando a los contribuyentes miles de millones de dólares en costos regulatorios, infraestructura, subsidios cruzados y decisiones de política pública mal estructuradas. Precisamente sobre este tema sostuve una conversación con el congresista estadounidense Lou Correa durante una visita oficial a San Pedro Sula, Honduras. En presencia de la entonces embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, el congresista expresó una reflexión que considero particularmente relevante: los hondureños deben construir su propio modelo de desarrollo y no asumir que las soluciones diseñadas en otras naciones son necesariamente las correctas para Honduras. Reconoció que incluso Estados Unidos, siendo una de las naciones más poderosas del mundo, ha cometido errores en determinadas políticas públicas y que los resultados de esas decisiones han terminado afectando directamente a los contribuyentes y electores estadounidenses. Aquella reflexión adquiere aún mayor relevancia cuando se analiza otro aspecto que rara vez forma parte del debate público: la responsabilidad de los actores internacionales que participaron o promovieron inversiones dentro del sector energético hondureño. Sus palabras fueron claras: si una nación con la capacidad técnica, financiera e institucional de Estados Unidos puede equivocarse al diseñar e implementar determinadas políticas públicas, Honduras tiene la obligación de actuar con aún mayor prudencia. Debemos estudiar cuidadosamente cada decisión, aprender tanto de los aciertos como de los errores de otros países y construir nuestro propio modelo energético, conforme a nuestra realidad económica, social y jurídica. Debo hacer público que en reuniones en el salón de retratos del Congreso Nacional he expresado una preocupación que sigo considerando legítima. Si Estados Unidos posee algunos de los sistemas de inteligencia financiera, investigación criminal y combate al lavado de activos más avanzados del mundo, resulta difícil comprender cómo inversionistas estadounidenses pudieron participar en determinados proyectos o estructuras empresariales sin que existieran advertencias claras cuando ya circulaban señalamientos públicos, investigaciones y procesos relacionados con personas que posteriormente fueron investigadas, acusadas o condenadas por narcotráfico en tribunales estadounidenses. Mi planteamiento fue simple: si determinadas figuras políticas, empresariales o financieras hondureñas representaban un riesgo tan grave como para ser objeto de investigaciones y condenas en los Estados Unidos, ¿por qué no existió el mismo nivel de diligencia para advertir a ciudadanos e inversionistas estadounidenses sobre los riesgos de asociarse o invertir en estructuras que eventualmente podían verse contaminadas por recursos de origen ilícito? Muchos de esos proyectos energéticos fueron aprobados mediante decretos legislativos, contratos de largo plazo hasta de 50 años, mecanismos de financiamiento complejos y participación conjunta de actores nacionales e internacionales. Por ello, la lucha contra el lavado de activos y la infiltración del narcotráfico en la economía no puede entenderse como una responsabilidad exclusiva de Honduras. También corresponde preguntarse si quienes promovían inversiones, respaldaban reformas o celebraban oportunidades de negocio realizaron todas las verificaciones necesarias para impedir que capital legítimo terminara mezclándose con recursos provenientes de redes criminales. Y que después defienden geopolíticamente porque: "no importa si son fondos narcos si están con nuestros fondos". La contradicción es evidente. Por un lado, se promueven reformas energéticas como instrumentos para atraer inversión extranjera y modernizar el sector. Por otro, con el paso del tiempo se hicieron públicas investigaciones que revelaron la profundidad con la que estructuras criminales lograron penetrar instituciones, empresas y sectores estratégicos de la economía hondureña. Esto nadie lo dice, pero demuestra adónde pueden ir a parar los bienes del Estado en el sector energético. Por eso yo lo digo. Por ello, la discusión energética debe trascender el debate técnico. Se trata de una discusión sobre soberanía nacional, transparencia, control de los activos estratégicos del Estado, protección del interés público y responsabilidad de todos los actores involucrados, nacionales e internacionales. Cuando sometí a votación el Decreto 46-2022 recibí en uno de mis móviles 22 llamadas y en el otro 17, en una descarada injerencia que nunca permití, porque yo sí tengo dignidad e hice respetar nuestra autodeterminación y no injerencia. Se agradece la inversión honesta y se debe cuidar, pero no se acepta que el control y sometimiento que al final trae inseguridad jurídica y más adelante les causará problemas a quienes, abusando del momento, entregan lo que le pertenece al pueblo, porque lo que pertenece al pueblo es del pueblo; es un derecho humano. La denuncia que denominamos Robo Parlamentario del Siglo (2017) evidencia los verdaderos delitos que ha callado desde siempre el Ministerio Público, ante lo evidente yo no la hubiera manejado como se manejó. Yo habría anulado todos esos contratos y puesto sobre la mesa para establecer un precio único y no el que les dieron los diputados del bipartidismo que aprobaron esos decretos que están viciados de nulidad, “aprobados en un solo día”, pero se les facilitó un mecanismo para poder poner sobre la mesa esos decretos originados de contratos con decretos corruptos, a algunos que tienen en CIADI demandado al Estado producto de dictámenes llave en mano. Así es fácil invertir; así es fácil lavar dinero y seguir saqueando al país. La aprobación del Decreto 46-2022 y el proceso de renegociación de adendas no deben verse únicamente como una oportunidad para reducir costos de generación, sino también como un acto de justicia para el pueblo hondureño. Si durante años existieron contratos aprobados bajo esquemas cuestionados, dictámenes llave en mano, tráfico de influencias, corrupción o mediante estructuras que posteriormente fueron vinculadas a investigaciones por narcotráfico y lavado de activos, resulta legítimo exigir condiciones nuevas que reflejen el interés nacional y no los privilegios obtenidos en el pasado. Quienes se beneficiaron de contratos extraordinariamente favorables tienen hoy la oportunidad de demostrar buena fe renegociando precios, condiciones y obligaciones en favor del Estado hondureño. No puede pretenderse que el pueblo continúe pagando indefinidamente los costos de decisiones tomadas en beneficio de unos pocos mientras la ENEE, los consumidores y las finanzas públicas cargan con las consecuencias. La energía es un derecho humano, no una licencia para perpetuar privilegios obtenidos bajo circunstancias que hoy están seriamente cuestionadas por la historia y por la justicia. Su aprobación revestida de corrupción. Hay una pregunta que aún nadie ha querido responder públicamente y que el pueblo hondureño tiene derecho a conocer. Si hoy se exige que la ENEE publique quiénes le adeudan recursos a la empresa estatal, con mucha mayor razón debe exigirse que se publique a quiénes les debe la ENEE, cuánto les debe, bajo qué contratos, cuándo fueron aprobados esos contratos, cuáles han sido renegociados, cuánto dinero se ha pagado desde su aprobación, cuáles empresas mantienen demandas contra el Estado hondureño ante el CIADI u otros tribunales internacionales y cuáles de esos contratos forman parte de la denuncia que desde hace años denominamos el Robo Parlamentario del Siglo (2017) con 67 Decretos en un solo día y 99 contratos y contratas muchos de 50 años. Hay otro aspecto que tampoco puede pasarse por alto: la captura institucional, regulatoria y de mercado por parte del sector privado. Es decir, el 80 % de los generadores privados que inyectan energía ahora van a emitir sus propias “reglas”, van a supervisar el despacho de energía y, además, los agentes transmisores y distribuidores le van a quitar mercado a la ENEE. O sea, la pérdida de abonados de la ENEE es un tema grave, porque van a bajar sus flujos de caja. ¿Cómo va a pagar la deuda la ENEE si sus flujos de caja se reducen? Y otro tema que es clave. Hay pendientes que quieren ejecutar algunos generadores de energía, y creo que otro de Cortés que tiene demandado al Estado también lo hará, por más o menos 10 mil millones de lempiras en laudos ante la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), en sentencias que, en teoría, están a un paso de quedar firmes. A eso se suman las demandas en CIADI, que rondaban los 800 millones de dólares, además de otras cinco demandas que había en el sector energético. El 20 de enero de 2014 fueron aprobados alrededor de 99 contratos y contratas en una sesión cuya legalidad fue ampliamente cuestionada y denunciada, pero sigue en impunidad en el Ministerio Público, al haberse realizado cuando quienes participaron en esa aprobación habían perdido su condición constitucional de diputados del nuevo período legislativo. Aquella denuncia nunca fue una consigna política; fue una advertencia sobre el enorme impacto económico que esos contratos tendrían durante décadas sobre las finanzas públicas y sobre las tarifas que pagan millones de hondureños. Recuerdo cómo las ONG que debieron pronunciarse --- por que yo mismo les facilité la información --- se llamaron al silencio. No puede perderse de vista que la totalidad del endeudamiento estructural asumido por la ENEE y de los contratos que hoy siguen gravitando sobre las finanzas del Estado fueron aprobados durante administraciones en las que las mayorías del Congreso Nacional correspondían al Partido Nacional y al Partido Liberal. Fueron esas mayorías las que aprobaron los decretos que dieron origen a numerosos contratos de generación eléctrica y, según la denuncia que oportunamente presentamos bajo el nombre de Robo Parlamentario del Siglo, varios de ellos fueron tramitados mediante dictámenes llave en mano y aprobados en circunstancias que cuestionamos por su legalidad y transparencia. Los hechos históricos, los decretos publicados y las votaciones del Congreso hablan por sí solos. En su momento advertimos que varios de esos procedimientos contravenían disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y de la Constitución de la República, y esa posición nos generó enfrentamientos incluso con personas cercanas, precisamente por negarnos a avalar lo que considerábamos irregular. Hasta enemigos personales se hicieron por haberles impedido la aprobación de muchos de esos decretos. Hoy los resultados están a la vista. La crisis financiera de la ENEE, el enorme peso de esos contratos sobre las finanzas públicas y las demandas internacionales contra el Estado hondureño no surgieron por casualidad; tienen un origen perfectamente identificable en decisiones políticas concretas. Y que no me salga nadie del bipartidismo Partido Nacional y Liberal lavándose las manos por que los que no participaron en las aprobaciones, son cómplices indirectos por haber guardado silencio, Por ello, corresponde al Ministerio Público investigar integralmente esos hechos, determinar las responsabilidades que en derecho procedan y esclarecer cómo se originaron obligaciones que aún hoy afectan al pueblo hondureño. Resulta difícil comprender que, mientras existen antecedentes documentales, decretos publicados, votaciones registradas y denuncias presentadas desde hace años, no se haya impulsado una investigación integral sobre la aprobación de estos contratos y sobre quienes participaron en ese proceso. He llegado a pensar que la MACCIH fue sacada de Honduras por haber iniciado el proceso para ello. El tiempo termina poniendo cada cosa en su lugar. Tengo la convicción de que la verdad prevalecerá y de que quienes actuamos para defender el patrimonio del pueblo hondureño en el marco de la ley y la Constitución demostraremos que estábamos del lado correcto de la historia. Pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Por ello, la transparencia no puede ser selectiva. Debe conocerse quién le debe a la ENEE, pero también quién le cobra a la ENEE; quiénes continúan recibiendo pagos millonarios; qué contratos siguen vigentes; cuáles fueron objeto de adendas; cuáles mantienen litigios internacionales; cuánto representan esas obligaciones para el Estado; cuáles empresas han demandado a Honduras; cuánto pretenden cobrarle al pueblo hondureño mediante arbitrajes internacionales; y si los contratos cuestionados en la denuncia del Robo Parlamentario del Siglo siguen produciendo efectos económicos contra el pueblo hondureño. Solo con toda esa información sobre la mesa podrá conocerse la verdadera dimensión de la crisis del sector eléctrico y determinar quiénes son realmente sus responsables. Y las soluciones. Estoy de acuerdo con que se publiquen los principales deudores de la ENEE. Pero la transparencia debe ser completa. El pueblo hondureño tiene derecho a conocer quiénes le deben a la ENEE, cuánto le deben, quiénes reciben pagos de la ENEE, cuánto reciben, quiénes tienen contratos de generación, bajo qué condiciones fueron aprobados, quién votó esos decretos, quiénes mantienen demandas contra Honduras y cuánto pretenden cobrarle al pueblo hondureño mediante arbitrajes internacionales. Que se de la lista de las personas naturales o jurídicas a quienes la enee les paga esos montos millonarios. Esa sí sería una verdadera transparencia. La lección que Honduras debe extraer es clara: ningún país debe renunciar al control de sectores estratégicos basándose únicamente en promesas de inversión o eficiencia. Tampoco debe asumir que todo modelo promovido desde el extranjero responde necesariamente a las necesidades de la nación. Las decisiones energéticas deben evaluarse por sus resultados concretos sobre la población: tarifas justas, seguridad energética, transparencia, soberanía y bienestar para los ciudadanos. La energía no puede convertirse en un mecanismo para privatizar ganancias y socializar pérdidas. Debe seguir siendo un instrumento para el desarrollo nacional, al servicio del pueblo hondureño y no de intereses particulares, sean estos nacionales o extranjeros. Les recuerdo a quienes ilegalmente gobiernan y co gobiernan el país, que Ustedes fueron los que aprobaron esos contratos leoninos entregando a los generadores de energía prácticamente todo con dictámenes llave en mano y con inversiones de narcos en los mismos. Pena les debería de dar, ya que causan el dolor para después buscar soluciones a medias. Hoy, en días donde se revive desde el Congreso Nacional el asesinato de Berta Cáceres relacionado con un proyecto de generación de energía que sigue en impunidad, les advierto: el pueblo tiene un límite, y habemos quienes no nos vamos a quedar de brazos cruzados. El mundo ya no está para someterse, sino para autodeterminarse y avanzar juntos. Ya las guerras de los pueblos se pueden ganar sin armas y este pueblo merece que se hagan bien las cosas. LUIS ROLANDO REDONDO GUIFARRO Expresidente del Congreso Nacional de la República de Honduras Periodo 2022-2026

El Partido LIBRE denuncia las diligencias judiciales que han trascendido en los medios de comunicación y que constituyen un nuevo episodio de persecución política promovida por el Partido Nacional contra el compañero Luis Rolando Redondo Guifarro, presidente de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, así como contra las diputadas y los diputados que la integran. Expresamos nuestra plena solidaridad con las diputadas y los diputados perseguidos, y con el pueblo hondureño que hoy sufre las consecuencias de un gobierno impuesto por EEUU y que profundiza los intereses extranjeros la injusticia, la exclusión y el deterioro de las condiciones de vida. El Partido LIBRE invita a los sectores sociales, populares y progresistas a fortalecer la organización y la movilización en defensa del pueblo. Nos declaramos en lucha permanente junto a los campesinos víctimas de las masacres en el departamento de Colón, junto a los miles de compañeros (a) hondureños afectados por la masacre laboral y en defensa de los derechos sociales, salud, educación y seguridad conquistados por nuestro pueblo en el Gobierno de Xiomara y en la lucha en la calle por los organismos electorales CNE y TJE. Reiteramos nuestro firme rechazo a la privatización de la ENEE y a toda iniciativa orientada a desmantelar el patrimonio público. Denunciamos, además, las políticas que, a nuestro juicio, lesionan la soberanía nacional y menoscaban la dignidad de Honduras al subordinar las decisiones del Gobierno a los intereses extranjeros. En ocasión de conmemorarse este 28 de junio un nuevo aniversario de la ruptura militar del orden constitucional, el Partido LIBRE convoca a las coordinaciones departamentales y municipales, a las alcaldesas y alcaldes, regidoras y regidores, diputadas y diputados, a realizar actividades públicas, cabildos, asambleas y concentraciones en las plazas y calles de todos los municipios y departamentos del país durante todo este mes de julio, iniciando este domingo 28 de junio para honrar la memoria de nuestros mártires, reafirmar el compromiso con la democracia y fortalecer la organización popular en defensa de los derechos sagrados del pueblo hondureño. Como cordinador estaré en el municipio de guayape en la tumba del primer mártir de la resistencia, Isy Obed Murillo. La sub coordinadora Rixi Moncada estará en la plaza Isy Obed, al final de la pista aérea de tegucigalpa. Se van. Unidos venceremos.

Nuestro más caluroso saludo y nuestras más fraternas felicitaciones a UNE TV con motivo de su 10.º aniversario. Durante una década, UNE TV ha sido un espacio de comunicación comprometido con el derecho del pueblo a estar informado, manteniéndose firme en la resistencia, la verdad y la defensa de las causas populares. Extendemos nuestro reconocimiento a sus excelentes periodistas, al equipo técnico, al personal administrativo y a todos quienes, con profesionalismo y entrega, hacen posible esta importante labor informativa. De manera especial, expresamos nuestras felicitaciones a su propietario, el Ing. Mauricio Ramos, por impulsar y sostener este valioso proyecto de comunicación al servicio del pueblo hondureño. Que este aniversario marque el inicio de muchos años más de éxitos, fortaleciendo el periodismo responsable, la libertad de expresión y el compromiso con Honduras. ¡Feliz 10.º aniversario, UNE TV!

Nuestra más profunda solidaridad con el hermano pueblo de Venezuela, tierra de Bolívar Chávez, y Nicolás Maduro, ante el trágico terremoto que hoy enluta y pone una prueba mas a esa noble nación. Expresamos nuestro acompañamiento a Delcy Rodríguez presidenta interina y a las familias afectadas, a las instituciones y a todas las personas que participan en las labores de rescate, atención humanitaria y reconstrucción de la infraestructura. El pueblo venezolano ha desempeñado, a lo largo de la historia, un papel relevante en las luchas por la independencia, la soberanía y la integración de América Latina y el Caribe. Confiamos en la fortaleza, la unidad y la capacidad de su pueblo revolucionario socialista y bolivariano para superar esta difícil circunstancia y avanzar en la reconstrucción, preservando la paz la democracia y el bienestar de su población. Reciban nuestro abrazo fraterno y permanente para todo Venezuela.