Antonio Carrera @OpinaPerforando

Salió ‘mañoso’ el ex asesor de #AMLO; Humberto Armenta González y socio van por la construcción de la planta potabilizadora Zumpango #ValledeMéxico #Edomex #Zumpango @conagua_mx @HumbertoArmenta #UltimaHora #México #lluvia El hecho que, quien asesoró a Andrés Manuel López Obrador en el diseño de su propuesta sexenal en materia de infraestructura hídrica, sea en la actualidad uno de los contratistas más favorecidos en la #4T no es coincidencia ni capacidad, más bien apesta a corrupción. Humberto Armenta González, empresario oriundo dMonterrey, NL, ahora busca junto a unos de sus socios comerciales -cada uno presentando propuesta por separado- la construcción de la planta potabilizadora en la Laguna de Zumpango en el Valle de México, obra millonaria a cargo de la Conagua. Lo curioso es que, dos de las empresas tendrían un vínculo y una razón social en común. Se trata precisamente de las empresas Regiomontana de Construcción y Servicios SAPI de CV, que tiene como socio principal a Humberto Armenta González, y Ozone Ecological Equipments SA de CV, de José Antonio García Jesús. La obvia relación de negocios y comercial entre ambas empresas se da a través de la firma Ozore Gestión de Agua, SA de CV, pues según registros oficiales Ozone Ecological y Regiomontana de Construcción -OZO (Ozone) y RE (Regiomontana)- son accionistas y socias Además, el consejo de administración de Ozore Gestión está conformado por José Antonio García Jesús, presidente; Humberto Armenta González, secretario y representante legal; Andrés Alanís Peña, consejero; y Julio García Jesús, consejero. Recientemente, la firma Regiomontana de Construcción y Servicios obtuvo en consorcio con las firmas españolas COMSA y VISE, sendos contratos en la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) para construir y diseñar edificios auxiliares y estaciones ferroviarias para el Tren de Pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo. El primero en abril pasado, por un monto de $2,890,971,095.04 pesos; y el segundo en junio pasado, por la friolera de $7,152,134,212.72 pesos. REGIOMONTANA, LA OFERTA MÁS BAJA Tras la apertura económica de la licitación LO-16-B00-016B00985-N-100-2026, Regiomontana de Construcción y Servicios, presentó la oferta más baja de las siete que se presentaron por la obra con un monto de $1,598,666,634.54 pesos. Por su parte, la otra empresa Ozone Ecological Equipments SA de CV, presentó la cuarta mejor oferta de todas con un monto de $2,889,603,000.45 pesos. No hay duda que dos opciones son mejor que una; sin embargo, hay otras propuestas y, sobre todo, otras empresas que también han sido ampliamente beneficiadas en la 4T, que le pueden hacer sombra al ex asesor de AMLO y socios. El consorcio encabezado por Hermes Infraestructura SA de CV, en participación conjunta con Eurhidra México SA de CV y La Peninsular Compañía Constructora SA de CV -todas ligadas a Carlos Hank González, ofertó la suma de $2,569,494,183.47 pesos. Le sigue el consorcio encabezado por ICA Constructora SA de CV, de David Martínez y dirigida por Guadalupe Phillips Margain, en participación conjunta con Gestión Sustentable del Agua SAPI de CV, Latinoamericana Agua y Medio Ambiente SA de CV y Controladora de Operaciones de Infraestructura SA de CV, ofertó $2,872,345,686.32 pesos. Grupo Impulsor Pajeme SA de CV, en conjunto con DII Proyectos SA de CV y Structural Engineering & Desing-Diec S de RL de CV, que ofertó $2,975,301,099.18 pesos; Desarrollo y Construcciones Urbanas SA de CV/Cargo Energía, Ingeniería y Construcción SAPI de CV/Ingeniería de Sistemas Sanitarios y Ambientales SA de CV, propuso $2,986,317,975.75 pesos; por último, Grupo Total INBAS SA de CV en conjunto con URBARENTPC SA de CV, con $3,167,585,967.57 pesos. El fallo o resultado de la licitación está programado para el próximo viernes 24 de julio… ¡Hagan sus apuestas, señores!

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Empresa editora de revistas y periódicos se salió con la suya; gana contrato ‘amañado’ de $70.3 MDP para calzado, ropa y EPP en #Pemex @Pemex #México #Noroña #Seguridad #4T #Corrupción El calzado, la ropa y el equipo de protección personal (EPP) en Petróleos Mexicanos (Pemex) no son adornos de oficina; representan la delgada línea que separa la vida de la muerte para miles de operarios en las áreas de exploración y extracción. Por ello, resulta alarmante que la reciente licitación DEE-CAI-B-GCSS-MAGA-107165-1-2026 para abastecer estos insumos críticos se haya transformado en un grotesco monumento a la corrupción. El área de abastecimiento de la paraestatal operó bajo un esquema clásico de "candado", diseñado no para garantizar la calidad, sino para asfixiar la libre competencia y beneficiar a tres empresas de forma premeditada. El resultado de este proceso amañado es casi cómico, si no fuera procupante por la importancia del objeto de la licitación. Entre las firmas ganadoras destaca Wayak Media, una empresa cuyo objeto social original era la impresión y distribución de periódicos y revistas. Con un asombroso oportunismo -o más bien, un drástico y oportuno cambio al giro textil justo 2 meses antes de iniciar el sexenio de la autollamada 4T-, la compañía pasó del área editorial y de publicidad a confeccionar los uniformes de los "siervos de la nación"; y ahora, da el salto para embolsarse $70,364,987.95 pesos en contratos de seguridad industrial para Pemex. La firma Wayak Media fue constituida el 31 de mayo de 2016, teniendo como principal socio a Benjamín Rojas Cruz. Como accionistas minoritarios aparecen Andrés Fernando Carreón Soto; Hugo Corzo Zanabria -quien, entre otros cargos, se desempeñó como director general de Comunicación Social de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) bajo la gestión de la canciller Alicia Bárcena-, y Juan Rodrigo Alonso Álvarez, exservidor público en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), adscrito a áreas de control, vigilancia y fiscalización de recursos públicos. Desde que modificó su objeto social, la empresa ha firmado 91 contratos en la administración pública federal y estatal, sumando un monto total de $475,018,701.62 pesos. Nada mal para una empresa fundada por periodistas para el rubro editorial, comercial y publicitario, que terminó -por pura conveniencia- operando en el sector textil y en la comercialización de material de curación. Destacan, por su volumen financiero, los siguientes contratos: Secretaría del Bienestar (411.213.27101.048/2022): $96,291,600 pesos para uniformar al personal de los programas Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Sembrando Vida. En ISSSTE (210104 MC): $76,249,844.53 pesos para la venta de material de curación; Fiscalía General de la República (FGR/LPN/ADQ/050-10/2024): $49,011,160 pesos para la venta de uniformes. En IMSS (U210467): $49,179,673.29 pesos destinados a ropa hospitalaria; y en Pemex (4200134082):$23,530,089.60 pesos para uniformar al personal de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica. LAS OTRAS GANADORAS Las demás empresas beneficiadas con contratos para calzado, ropa y equipo de protección personal en Pemex son Comercializadora Munrro, S.A. de C.V. (parte del conglomerado que incluye a Grupo Industrial Asad, S.A. de C.V. y Confecciones Isaac, S.A. de C.V.), administrada por Jaime Alejandro Vera Vázquez y Alejandro Isaac Torres García, la cual obtuvo partidas por $19,864,814.82 pesos. La otra ganadora fue Textil Gob, S.A. de C.V., cuyos socios son Erika León García y Juan Rosello Acevedo, firma que se quedó con las partidas 3, 4 y 9 por un monto de $28,070,798.80 pesos. AMAÑO DE LA LICITACIÓN El pasado 17 de junio, a través de X, denunciamos el amaño para favorecer a estas corporaciones que, al final, se salieron con la suya al quedarse con contratos que en conjunto superan los $120 millones de pesos. La trampa técnica consistió en exigir de forma exclusiva las certificaciones de un solo laboratorio: First Lab, A.C. Al hacerlo, los funcionarios de Pemex cerraron la puerta a competidores legítimos respaldados por laboratorios con prestigio internacional y estándares superiores. Este capricho institucional no solo pisotea las leyes de adquisiciones del sector público, sino que deja en el aire un tufo de colusión explícita entre burócratas y proveedores consentidos. Además, los responsables de evaluar y dictaminar la licitación DEE-CAI-B-GCSS-MAGA-107165-1-2026 -entre ellos Norma Flores Garcés (gerente de contrataciones para servicios de soporte), Sheila Ysset Magdaleno Benítez, Andrés Mondragón Briones y Martha Alicia González Aldana- ignoraron por completo el dictamen técnico del área usuaria, el cual estipulaba que, en el rubro de calzado, las empresas ganadoras debían quedar descalificadas. Es más, durante dos semanas el fallo del proceso estuvo detenido debido al debate sobre la descalificación técnica de estas tres firmas. Sin embargo, la resistencia duró poco: al final, le doblaron las manos al área técnica para que cediera ante la asfixiante presión política ejercida desde la cúpula de Procura.

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Denuncia al 9933989844...🚩⚠️ Derecho de replica de COTEMAR de María Cristina Lobo Morales y que controla Alejandro Villarreal Martínez como director ejecutivo, con la que pretenden tapar el sol con un dedo y eximirse de ser la petrolera con más accidentes, muertos y daño en @Pemex durante el sexenio pasado. Además, premiada con contratos multimillonarios posteriormente con este antecendente por El Agrónomo en el 2024 violando flagrantemente la Debida Diligencia ya que al estar involucrada en los Análisis Causa Raíz (ACR) de los siniestros de las plataformas E-KU-A2 y NOHOCH-A son causal para negarle la participación concursal y proceder a la inhabilitación de los contratos antes, durante y después de estos. Atención @Claudiashein @MarcelaVilleg15 @CNE_Mex @SENER_mx @GobiernoMX @FGRmexico @LuzElena_GE @ASF_Mexico @SCJN @STPS_mx @Tu_IMSS @SEMARNAT_mx @agencia_asea @CFEmx @CENAGAS_mx @IMPetroleo @SATMX @Hacienda_Mexico @BuenGobierno_mx @Centrofcrl @SEMAR_mx @PROFEPA_Mx @Mx_Diputados @senadomexicano @pamhamui #OIC #UIF #OmarReyesColmenares….Zas!!! 1.- linozentella.com.mx/condenan-a-cot…

Contratan firma ‘chilanga’ para brindar el servicio médico en Farmacias Bienestar de Oaxaca; $87.5 MDP, el costo #OaxacaDeJuárez @SSO_GobOax @GobOax #Corrupción La salud pública en Oaxaca transita en la delgada línea entre la urgencia social y el negocio redondo. El caso más reciente es consecuencia de la incapacidad operativa de los Servicios de Salud estatales, encabezados por Efrén Emmanuel Jarquín González, lo que ha obligado a la Secretaría de Administración a delegar una tarea fundamental en manos privadas. La beneficiada es una empresa "chilanga": Operadora de Servicios Médicos ML (Medical Life), la cual recibió un jugoso contrato de $87 millones 572 mil 949.52 pesos para operar los servicios médicos del programa Farmacias Bienestar. Lo que se promociona como un alivio para la población vulnerable huele, en realidad, a un millonario traslado de recursos públicos hacia una firma con un historial sumamente turbio. El pasado 30 de junio se emitió el fallo de la Licitación LPN-SA-SB-0026-06/2026, que fue firmado por Sara Zárate Seritiago, de la dirección de recursos materiales, donde se señala que la empresa ganadora es Operadora de Servicios Médicos ML SA de CV (conocida comercialmente como Medical Life). La empresa fue constituida el 14 de octubre de 2016 en la Ciudad de México, siendo los socios o accionistas principales Carlos Munguía Cuevas y Aurora Guadalupe Antúnez Fierro. La polémica no solo radica en la tercerización del servicio, sino en las condiciones en las que se dio la licitación LPN-SA-SB-0026-06/2026. Resulta sumamente sospechoso que en el concurso solo compitieran tres empresas de la Ciudad de México, y que dos de ellas compartieran directivos en el pasado. El cruce de nombres entre la ganadora y Metro Health Services, donde aparece como uno de los socios Sergio Isaac Martínez Galeana, quien en algún momento fue representante legal de la firma Medical Life, lo que hace parecer más un arreglo para simular competencia que un proceso transparente. Si a esto le sumamos que la diferencia de precios entre las tres ofertas apenas rondó los 300 mil pesos, el escenario de una licitación "armada" a modo se vuelve difícil de ignorar. El Gobierno de Oaxaca parece haber ignorado deliberadamente las alarmas que pesan sobre Medical Life. No hace falta escarbar demasiado para encontrar sus antecedentes de simulación en Tlaxcala, donde el programa GenteTlx acumuló amparos y protestas vecinales por negar medicamentos a enfermos crónicos a las pocas semanas de iniciar. A ello se suman señalamientos ante el IMSS por presuntos sobrecostos en fármacos y demandas laborales en estados como Campeche por despidos injustificados y falta de pago a sus trabajadores. Lo más alarmante es el modelo de negocio que esta empresa impone en sus consultorios. Diversas denuncias exponen que Medical Life obliga al personal médico a prescribir examenes de laboratorios innecesarios y a vender suplementos alimenticios para alcanzar cuotas mensuales de productividad superiores a los 30 mil pesos por consultorio. Es decir, se mercantiliza la necesidad del paciente. El Gobierno de Oaxaca ha entregado el primer nivel de atención médica a una operadora que ve a los enfermos como clientes y a la medicina como una línea de producción, dejando una profunda duda sobre si el objetivo final de estos 87.5 millones de pesos es el bienestar de la gente o el beneficio de unos cuantos bolsillos. Medical Life ha obtenido diversos contratos en varias dependencias y entidade del país: CAA/PMC/31/2025, en Guanajuato, por $136,416,000 pesos para los servicios de de salud con telemedicina y medicamentos; en la CDMX: CPPA/LPN/013/2025, PBI-SE-20/2025 y PBI-SE-03/2025, por $120,016,653.53, $47,554,120 y $51,332,704 pesos, respectivamente para servicio de dispensacion de medicamentos; DGA-CAASPE-co13-LPE-09-2024, en SLP, $68,283,864 pesos, entre otros, contratos.

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SOCIO DE MANUEL BRIBIESCA SAHAGÚN Y GERARDO SÁNCHEZ ZUMAYA: POLÉMICAS INVERSIONES HOSPITALARIAS EN #TABASCO #VILLAHERMOSA #SALUD #AMLO El juego de las inversiones en el sureste mexicano acaba de registrar una sacudida histórica rumbo a la privatización de la salud. Con bombos y platillos, el gobierno estatal atestiguó en días recientes la consolidación de dos ambiciosos complejos médicos en Tabasco, curiosamente la tierra de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien desde el púlpito presidencial siempre condenó la privatización de la salud, considerándolo uno de los mayores agravios de los gobiernos anteriores, por ello la promesa de construir un sistema de salud universal, gratuito y con estándares nórdicos (Dinamarca). Sin embargo, en Tabasco -cuna ideológica del movimiento de la 4T- el pragmatismo gubernamental de Javier May Rodríguez ha comenzado a respaldar y consentir acuerdos que contradicen la retórica de AMLO, y lo prefieren ver como la consolidación de inversiones en la entidad; sin importar, que los protagonistas de las inversiones son empresarios con negro pasado: Miguel Isaac Khoury Siman (Hospitales MAC) ligado a los hermanos Jorge y Manuel Bribiesca Sahagún (hijos de Martha Sahagún); y el otro proyecto a Gerardo Sánchez Zumaya -cercano a Adán Augusto López Hernández- y quien busca ser candidato a la gubernatura de su natal San Luis Potosí por el Partido de Trabajo. Durante las últimas semanas se anunciaron dos proyectos de inversión precisamente para el golpeado y descuidado sector salud: Hospital MAC, en alianza con Grupo DG, y el imponente Centro Internacional de Neuro-Oncología, a cargo de Hospitales Zumaya Grupo Comercial Zumaya del Sureste SA DE CV). Entre ambos consorcios, la inyección de capital suma la estratosférica cantidad de 5 mil 150 millones de pesos. En el papel, la llegada de infraestructura con tecnología de punta y medicina "4.0" es una gran noticia para la competitividad regional; sin embargo, en la práctica cotidiana de los ciudadanos de a pie, el anuncio abre un debate incómodo sobre la brecha del derecho a la salud; además, que algunos de los inversionistas se han visto salpicados históricamente por la polémica y el ‘sospechosismo’ en sus negocios. Los datos duros nublan la alianza entre Hospitales MAC y Grupo DG, del empresario David Gustavo Gutiérrez León, y que contempla una inversión de $1,500 millones de pesos en un proyecto anclado en el también recién anunciado desarrollo inmobiliario SAMÁR en Villahermosa. Y es que no se puede pasar por alto que las cabezas visibles de Hospitales MAC Miguel Isaac Khoury Siman y Rubén Ayala Chaurand, siempre han estado ligados ya sea como socios en empresas y/o en temas legales con los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún, hijastros del ex presidente panista Vicente Fox Quesada. La relación del empresario celayense Miguel Isaac Khoury Siman y los hermanos Jorge y Manuel Bribiesca Sahagún se da en la sociedad de hasta siete empresas: Urbanizaciones Inteligentes; Operaciones Hipotecarias de México; Grupo Inmobiliario Kilate; Corporativo Inmobiliario MH; Construcciones Prácticas -donde a su vez son socios de SARE, por medio de la cual compraron los conjuntos Galaxia y Brisas del Carmen, en Celaya, Guanajuato-, Progresiva Arquitectos; y Edificaciones Integrales Futura, en donde Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún tenía participación accionaria o son obligados solidarios del empresario celayense Miguel Isaac Khoury Siman. Por su parte, Rubén Ayala Chaurand, fue el abogado y representante legal de la familia Bribiesca Sahagún -específicamente de Manuel Bribiesca Sahagún- y de empresas ligadas a ellos, como Construcciones Prácticas, S.A. de C.V. y Plaza Industrial. Por el otro, el gigante Grupo Comercial Zumaya del Sureste rompió récords al presentar un megaproyecto de 3,650 millones de pesos en la exclusiva Zona Country, prometiendo traer al estado el innovador sistema Gamma Knife, único en el sureste para tratar tumores complejos. La promesa de generar miles de empleos directos y evitar que los pacientes con recursos tengan que viajar a la Ciudad de México o a Mérida es, sin duda, un acierto de atracción comercial. ¿PRESTANOMBRE DE ADÁN AUGUSTO? Sin embargo, las polémicas no están ajenas a su socio principal Gerardo Sánchez Zumaya es un joven empresario originario de Tanquián de Escobedo, San Luis Potosí, que actualmente busca la candidatura para la gubernatura de San Luis Potosí -rechazado por Morena por su cercanía con el líder político de La Barredora-con miras a las elecciones de 2027, y cuyo crecimiento empresarial fue de la mano con Adán Augusto López Hernández. Incluso, es señalado de ser el candidato de Adán Augusto en SLP. El registro del empresario Gerardo Sánchez Zumaya en el proceso interno de la Cuarta Transformación en San Luis Potosí no pasaron desapercibido los señalamientos públicos que han rodeado su trayectoria empresarial y cuestionó la viabilidad de sus aspiraciones políticas. Sánchez Zumaya ha sido vinculado públicamente con presuntas operaciones de lavado de dinero y contratos controvertidos con Petróleos Mexicanos (Pemex), antecedentes que, según el medio nacional, podrían pesar al momento de definir quiénes avanzarán en el proceso rumbo a la elección de 2027. Uno de los momentos más llamativos durante la jornada de registros fue la falta de respaldo visible por parte de la dirigencia nacional de Morena. Versiones periodísticas señalan que Ariadna Montiel, presidenta nacional del partido, y Citlalli Hernández, responsable electoral, abandonaron el recinto ante la presencia del empresario. Pese a ello, impulsado por Adán Augusto, el empresario logró registrarse a través del Partido del Trabajo (PT), aliado de Morena, el diario consideró que los antecedentes y cuestionamientos que lo acompañan podrían convertirse en un obstáculo para sus aspiraciones, dejando en entredicho su futuro dentro del bloque oficialista. En Grupo Comercial Zumaya del Sureste, también aparece como socios el desaparecido empresario español Joseph Castillo Peregrin, otro incondicional que se desvivió en apoyos al senador Adán Augusto López Hernández.

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La pirinola de #Pemex: en salud, de Ruy López Ridaura, ‘todos toman’ #Tabasco #Villahermosa #Ojo #México #Perú #Pemex #Salud En el juego de la pirinola de los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos (Pemex, la opción que siempre cae es "todos toman". Bajo la dirección de Ruy López Ridaura, la institución acaba de emitir el fallo de la licitación DAS-CAT-B-GCSS-JAGM-107134-2026-1, un millonario pastel de 387.7 millones de pesos destinados a la renovación de equipos electromecánicos en unidades médicas. Sin embargo, detrás del reparto "salomónico" de los contratos se esconde un entramado de coincidencias notariales y sombras de corrupción transnacional que exigen una explicación inmediata. La primera señal de alerta surge al revisar la actas constitutivas de dos de las empresas ganadoras: FROID, S.A. de C.V. y Comercial Verite, S.A. de C.V., que fueron constituidas el mismo día -23 de marzo de 2011- la misma Notaría Pública - Adela Ramos López, sustituta de Adán Augusto López Hernández, en la Notaría No. 27 de Villahermosa, Tabasco- y los mismos socios o accionistas: Aureliano Ordaz Reyes y Roberto Adrián Díaz Gómez. FROID, S.A. de C.V. se adjudicó nueve partidas por un monto de $33 millones 819 mil 422.83 pesos; mientras que Comercial Verite, S.A. de C.V. apostó y ganó en 21 partidas por un monto de $94 millones 462 mil 336.90 pesos; es decir, el tema de competencia leal, los funcionarios Norma Flores Garcés, Sheila Ysset Magdaleno Benítez, Andrés Mondragón Briones, Benjamín Manuel Hernández González y Juan Andrés Gutiérrez Muñoz, se la pasaron por el arco de triunfo, pues entre ambas firmas se llevaron $128.2 millones de pesos. El caso más alarmante, no obstante, se encuentra en la joya de la corona de esta licitación: MIDA Ingeniería y Servicios, S.A. de C.V., que se llevó 61 partidas, por un monto de $230 millones 355 mil 266.18 pesos. MIDA Ingeniería, es una empresa que fue constituida en la Ciudad de México el 7 de mayo de 2020. Los socios son Miguel Ángel Jiménez Romero y Ulises Daniel Juárez González, ambos personajes arrastran presuntamente un negro historial que estalló a finales de 2024 en Perú, donde la justicia los investiga por operar como testaferros en licitaciones internacionales, a través de la firma venezolana Inversiones DIMICA C.A., que obtuvo adjudicaciones de obras públicas que rozaban los mil millones de soles ($5 mil 128 de pesos), entre ellas incluyendo un megaproyecto de saneamiento en la localidad de Pasco por más de 471 millones de soles ( unos $2 mil 417 MDP) y la construcción del hospital referencial de Ferreñafe por 161 millones soles (unos $826 MDP). Por su parte, Ulises Daniel Juárez González, quien también está vinculado al mismo caso de presuntos prestanombres y licitaciones millonarias en Perú; a diferencia de Jiménez Romero, su perfil está enfocado en el sector empresarial y comercial en México, pero comparte conexiones directas con los entramados de contratación pública mencionados. Registros comerciales y plataformas profesionales como LinkedIn lo identifican como un alto ejecutivo e integrante clave (frecuentemente en roles de Dirección de Operaciones) dentro de empresas del sector de infraestructura y arrendamiento de maquinaria. Cabe señalar que, en el escándalo de prestanombres en Perú, el corporativo de la marca ArrendoMx participa en el entramado investigado y servía para justificar ante el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) de Perú que los consorcios participantes contaban con la maquinaria e infraestructura requerida para proyectos de gran envergadura (como hospitales o redes de saneamiento). En el caso de Inversiones DIMICA C.A., de Venezuela, la maquinaria y la operación real provenían de ArrendoMx de México, los contratos ante los gobiernos regionales en Perú eran firmados por apoderados de paja como Miguel Ángel Jiménez Romo. OTROS GANADORES Servitec del Golfo, S.A. de C.V. de Villahermosa, Tabasco, que obtuvo 14 partidas por un monto de $22 millones 196 mil 996.82 pesos; José Gonzalo Sánchez Amaro, dos partidas, por $3,090,906 pesos; y Geoteco International, S.A. de C.V., con una partida por $3,845,482.77 pesos.

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NI CLAUDIA SHEINBAUM: PAREJA DE LA ‘BODA DEL BIENESTAR’ DE #Pemex, VÍCTOR BARRAGÁN HERNÁNDEZ Y WENDY ARREDONDO MIRANDA, DECLARAN ENTRE AMBOS INGRESOS POR $5.4 MDP EN 2025 #Pemex #Villahermosa #Tabasco #Austeridad #4T #BodadelBienestar #Veracruz #Ojo @Claudiashein #BuenasNoches La pareja Víctor Manuel Barragán Hernández y Wendy Yaeli Arredondo Miranda, que el pasado 30 de mayo protagonizaron la ostentosa y fastuosa ‘Boda del Bienestar’ -evento que tuvo un costo (estimado) superior a los 11 millones de pesos- declararon ingresos entre ambos por un monto de $5 millones 477 mil 234 pesos durante el año 2025, esto según sus declaraciones patrimoniales. De ese total de ingresos, $4 millones 332 mil 369 pesos corresponden al funcionario Víctor Manuel Barragán Hernández, que de acuerdo con su declaración patrimonial presentada el pasado mes de mayo de 2026 ocupa un Nivel 44 en la estructura de Pemex como Administrador del Activo de Extracción Veracruz (donde desde el pasado 6 de marzo permanece incendiándose el pozo KREM-1). Esto significa que el administrador de activo Veracruz percibió 2.5 millones de pesos más que la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien declaró ingresos netos por $1 millón 791 mil 441 pesos en el mismo periodo. De los ingresos reportados: $1 millón 957 mil 130 pesos corresponden a sueldos y honorarios como servidor público de Pemex; $1 millón 142 mil 984 pesos por actividad industrial, comercial y / o empresarial (agrícola); y $1 millón 232 mil 255 pesos por fondo de inversión. Barragán Hernández también declaró que el año 2022 compró mediante un crédito un departamento de 128 metros cuadrados con un valor de 4 millones 700 mil pesos en Monterrey (por el que reportó un gastó de 450 mil pesos para ser amueblado); y en 2024 compró a crédito un terreno de 434 metros cuadrados por un monto de $1 millón 737 mil 560 pesos. Por su parte, Wendy Yaeli Arredondo Miranda, especialista técnico “B” en las oficinas centrales de Pemex Transformación Industrial, en Villahermosa, Tabasco, reportó que ingresos por $1 millón 144 mil 865 pesos durante el 2025. Por cierto, Arredondo Miranda declaró que ocupó cargos en el sector privado, más específicamente en las empresas Oil and Gas Optimization SA de CV, que entre el año 2022 y 2025 ha firmado contratos en Pemex por un monto de $1,135 millones 964 mil 546.6 pesos, y Nafdel Petroleum Solution Int SA de CV, pero esa es otra historia. LA BODA DEL BIENESTAR La "Boda del Bienestar" de Pemex un ostentoso enlace matrimonial protagonizado por Víctor Manuel Barragán Hernández, administrador del Activo de Extracción Veracruz de Pemex, y Wendy Yaeli Arredondo Miranda, se efectuó el pasado 30 de mayo en la Hacienda Aurora en Villahermosa, Tabasco. El evento generó una fuerte polémica en la opinión pública debido a su costo millonario, el cual se estima superó los $11 millones de pesos, durante los días que duró el evento, que fue amenizado por La Trakalosa de Monterrey, liderada por Edwin Luna, cuyo costo por presentación ronda en los $7 millones de pesos. La indignación no es solo de carácter financiero, sino de timing y responsabilidad moral. Mientras el ingeniero Barragán Hernández celebraba un banquete millonario de dos días huyendo de los reflectores, el pozo KREM-1 en Las Choapas -bajo su estricta supervisión gerencial y operativa- sumaba semanas incendiándose sin control. Esta alarmante desconexión entre la emergencia ambiental en Veracruz y la opulencia privada en Tabasco desnuda la fragilidad de la vigilancia interna en las empresas del Estado.

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ENTREGA #SEMAR A HOLANDESA BOSKALIS Y DRAGAMEX, DE DANIEL VERSTEEG, OBRAS DE AMPLIACIÓN EN EL PUERTO DE #ENSENADA POR $391.1 MDP #ASIPONA @SEMAR_mx @BoskalisNL #Mundial #PatoMerlin En el complejo negocio de la infraestructura marítima mexicana, los pasados descalabros políticos parecen olvidarse con un buen golpe de timón y la firma de un nuevo contrato. La reciente adjudicación de la Secretaría de Marina (Semar) al consorcio Boskalis-Dragamex para ampliar el Puerto de Ensenada por 391.1 millones de pesos es una clara muestra de ello. La filial mexicana, comandada por el empresario Cornelius Daniel Versteeg Zebadua, ha logrado transformar los viejos nubarrones de disputas legales en una auténtica temporada de bonanza portuaria. De acuerdo al acta del fallo o resultado de la licitación LO-13-J2R-013J2R001-N-2-2026, convocada por la Semar, el consorcio Boskalis-Dragamex se impuso a la propuesta presentada por la otra holandesa Van Oord de México SA de CV (encargada de la preparación de los terrenos, realizando el dragado, la compactación del suelo y la recuperación de tierras sobre los que se construyó la refinería de #DosBocas, junto a Grupo Huerta Madre, S.A.P.I. de C.V.) que ofertó un monto más caro de $398,5 millones de pesos ($462.3 MDP con IVA). Para entender este regreso triunfal a las grandes ligas de la obra pública, hay que mirar el espejo retrovisor de la infraestructura nacional. No hace mucho tiempo, el nombre de Dragamex resonaba en los pasillos de los tribunales tras ser excluida de proyectos de alto impacto, como la terminal de gas natural licuado en Cuyutlán, #Colima. Aquellos días estuvieron marcados por señalamientos técnicos cruzados, acusaciones de cabildeo indebido y sospechas de favoritismo en las cúpulas de la Coordinación General de Puertos. Hoy, ese tenso ambiente ha quedado atrás bajo el cobijo de las licitaciones federales de la Semar. Sin embargo, hoy, la empresa de Versteeg Zebadua ya prueba las mieles de los contratos, pues la empresa fue favorecida por Semar -junto a Boskalis- con los siguientes contratos: ASIPONATUX-GOI-OP-2/25, $84,462,505.24 pesos para el dragado de mantenimiento en áreas de navegación del Puerto de Tuxpan, Veracruz; ASIPONA-CHIS-GOI-17-2024, por $116,488,663.62 pesos, para dragado de mantenimiento 2024 en canal principal y dársenas de Puerto Chiapas. La firma Dragamex, es una de las 28 razones sociales que la familia Versteeg Zebadua ha constituido en Coatzacoalcos, entre ellas: Obras Portuarias de Coatzacoalcos, Obras Industriales de #Coatzacoalcos, Inmobiliaria Hotelera Coatzacoalcos (Hotel Terranova), Avíos del Istmo, Gasolineria y Servicios Coatzacoalcos, Promotora Magver, Super Servicio Paralelo, Servicio y Combustibles del Golfo, OPC Ambiental, Supervisión del Golfo, Obras Portuarias, Matrix Concesiones, Grupo Versteeg, Servicios Corporativos Terranova, Aeronáutica Canticas, Verardi y Gestión Ambiental y Desarrollos Ecológicos, entre otras.

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LAS VÍAS DE LA FORTUNA: OTRO CONTRATO PARA LA ESPAÑOLA COMSA Y PARA EL EX ASESOR DE AMLO; $7 MIL 152 MDP PARA CONSTRUIR EDIFICIO AUXILIARES DEL TREN SALTILLO-NUEVO LAREDO #Saltillo #NuevoLaredo #Tren #Española #AMLO #RamosArizpe #México #FelipeVI #ReyFelipe De nueva cuenta el consorcio conformado por las españolas COMSA Infraestructuras, Comsa, Vise y la mexicana Regiomontana de Construcción y Servicios, de Humberto Armenta González -ex asesor de AMLO en materia de infraestructura hídrica- ganaron en la ATTRAPI otro contrato para la construcción y diseño de los edificios auxiliares ferroviarios ZICA Derramadero, Talleres y Cocheras García, Zona de Inspección Las Torres, Base de Mantenimiento Salinas Victoria y ZICA Nuevo Laredo, del Tren de Pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo por un monto de $7,152,134,212.72 pesos. El pasado mes de abril, las mismas empresas en consorcio habían ganado el contrato para construir las estaciones Ferroviarias Derramadero, Saltillo, Ramos Arizpe y García, del Tren de Pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo, por un monto de $2,890,971,095.04 pesos. Como suele pasar, las dos propuestas más bajas: Constructora de Proyectos Viales de México, Ingeniería y Desarrollo Inmobiliario de México y Obrascon Huarte Lain, de $6,336,740,481.65 pesos; y Proyectos y Desarrollos Salve, Proyectos y Estudios Ferroviarios y Zitum Desarrolladores, con $6,069,996,796.46 pesos, fueron descalificadas por no alanzar el puntaje mínimo requerido para ser evaluadas. Por lo anterior, la propuesta encabezada por las españolas Comsa Infraestructuras y Comsa, de los hermanos Jorge y Guillermo Lorenzo Miarnau Montserrat; Vise, de la familia Villanueva Sandoval, y Regiomontana de Construcción y Servicios, se vio favorecida por los funcionarios Efraín Deschamps Gutiérrez de Velasco, titular de la Unidad de Construcción de la ATTRAPI; Noé Arellano Vargas, director de construcción “D”; Benjamín Gómez, director de Ingeniería de Concursos y Costos de Obras; y Gheisa Elizabeth Zamora Cruz, subdirectora de construcción "D2", con el nuevo contrato millonario. Desechando la otra propuesta encabezada por Impulsora de Desarrollo Integral, Construcciones Aldesem y China Civil Engineering Construction Corporation, cuya oferta de $7,800,941,867.27 pesos, se fue muy cara. ¿Cuál es la fórmula del éxito? Un análisis superficial apuntaría a la experiencia técnica, pero un vistazo al organigrama de los ganadores revela un ingrediente más rentable: el factor político. Al frente de Regiomontana se encuentra Humberto Armenta González, un empresario regiomontano bien conocido en los pasillos del poder por haber diseñado la estrategia hídrica del expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2018. Desde entonces, las empresas vinculadas a su entorno no han dejado de cosechar contratos multimillonarios: El PF-OP-PEI-05/24-CP para construir el nuevo Parque del Agua en Guadalupe, Nuevo León, cerca del Parque Fundidora. Con una inversión de $1,574 millones de pesos; y en Michoacán el contrato CEAC/IFL/MULTIANUAL/LP-001/2023 para la construcción, equipamiento y puesta en marcha de colectores y PTAR en los municipios de Zamora, Tangancícuaro, Chilchota e Ixtlán para el saneamiento del Río Duero, por un monto de $525,973,571.90 pesos. La firma Ozore Gestión de Agua SA de CV, empresa constituida el año 2022, siendo las socias o accionistas las razones sociales Ozone Ecológica Equipments, de José Antonio García Jesús; la propia Regiomontana de Construcción y Servicios, de Armenta González, obtuvo el contrato para la construcción y suministro, instalación y prueba de equipamiento de Planta Potabilizadora del tipo coagulación convencional para una capacidad de 6.34 m3 segundos para el Proyecto Agua Saludable para la Laguna, ubicada en el municipio de Lerdo, Durango, por un monto de $1 mil 688 pesos.

VA RUY LÓPEZ RIDAURA POR NUEVA INTENTONA PARA ADJUDICAR CONTRATO MILLONARIO DE MEDICINAS #Pemex #SALUD #MEDICIANAS #DINAMARCA #CuartaTransformación #México #Veracruz #Petróleo En una nueva intentona para legitimar la adjudicación de un contrato para el suministro integral de medicamentos para derechohabientes de Pemex, correspondiente a 61 localidades adscritas a la Subgerencia de Servicios Médicos Subrogados para los Ejercicios 2026-2027, Ruy López Ridaura publicó la nueva licitación DAS-CAI-B-GCSS-SPPM-106018-26-2, que reemplaza el proceso DAS-CAN-B-GCSS-RLC-106018-1, que fue declarado desierto. En mayo pasado, los funcionarios Norma Flores Garcés, Gerente de Contrataciones para Servicios de Soporte; Damaris Saraí Virrueta Theurel, S.P.A. del Titular de la Subgerencia de Abastecimiento para Servicios de Salud; y Ricardo Lara Cordero, Coordinador Especialista “B”, ante las denuncias de intentar favorecer a la firma Farmacias El Fénix del Centro SA de CV, empresa de Javier González Torres y administrada por Xavier González Zirión -hermano y sobrino de Víctor González Torres, el ‘Dr. Simi’, respectivamente, y tío y primo hermano de Jorge Emilio González Martínez, el Niño Verde- optaron por declarar desierto el procedimiento. En la licitación desierta, Farmacias El Fénix del Centro ofertó por las cinco regiones un total de $1,992 millones 562 mil 533 pesos: Región Centro, $217,358,500 pesos; Región del Bajío: $404,230,422 pesos; Región Pacífico: $285,506,666 pesos; Región Sureste, $938,976,009 pesos; y Región Norte, $146,490,936 pesos. APERTURA Y FALLO Durante las próximas seis semanas se desarrollará la licitación y veremos que empresas irán por los servicios, lo cierto es que, de acuerdo con la convocatoria, se estima que será un proceso largo, pues la apertura económica está programada para el próximo 30 de julio; mientras que el fallo o resultado se entregará hasta el 18 de agosto.

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Denuncia al 9933989844… 🚩⚠️ ¡MARCOS RAMÍREZ SILVA: EX DIRECTOR DE PGPB DE DÍA, SUBCONTRATISTA SGS/AQUILA ASESORES DE NOCHE…Y CON PENSIÓN DORADA! Un conjunto de documentos oficiales revela que Marcos Ramírez Silva, ex director de @Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), creó y operó una empresa privada de asesoría mientras mantenía vínculos activos con @Pemex, empresa que habría sido utilizada como instrumento para cobrar comisiones de contratos que él mismo habría facilitado a través de su influencia dentro de la paraestatal. Las denuncias formales ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), los contratos privados firmados y el acta constitutiva de la empresa apuntan hacia un presunto conflicto de interés de proporciones considerables en el corazón del sector energético mexicano. Marcos Ramírez Silva construyó una trayectoria dentro de @Pemex que lo llevó a ocupar la dirección de PGPB, una de las subsidiarias estratégicas de la Empresa Productiva del Estado. Sin embargo, lo que los documentos revelan es que mientras todavía formaba parte del engranaje institucional de @Pemex, Marcos Ramírez Silva concretó la creación de una empresa privada que habría servido para capitalizar de manera personal las relaciones y el poder de decisión acumulados durante sus años de servicio público: El 22 de enero de 2013, ante José Ángel Fernández Uría, titular de la Notaría 217 de la CDMX (con protocolo también de las Notarías 22 y 60), Marcos Ramírez Silva y Francisco José Durán Macías comparecieron para constituir formalmente la empresa AQUILA ASESORES, INGENIERÍA Y SERVICIOS. La sociedad quedó inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil electrónico 493986, con fecha de inscripción el 20 de mayo de 2013, y con domicilio fiscal en Prolongación de Avenida San Antonio número 133, piso 5, colonia Carola, delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México. El capital mínimo fijo de la empresa se fijó en 50,000 pesos, con un capital variable ilimitado. El objeto social de AQUILA ASESORES resultó llamativamente amplio: la empresa quedó habilitada para prestar toda clase de asesorías técnicas, administrativas, de supervisión, de organización, de mercadotecnia, de ingeniería, de cómputo, legales, contables y financieras. Además, de manera explícita, el acta constitutiva incluyó entre sus áreas de operación la industria del petróleo, el gas, los energéticos y cualquier sector de energía en sus ramas industrial, manufacturera, comercial o de servicios, tanto en México como en el extranjero. Ese detalle no es menor, la empresa de Marcos Ramírez Silva quedó jurídicamente diseñada para operar en el mismo sector en el que él ejercía autoridad como servidor público. El mecanismo que despertó sospechas y motivó la denuncia formal ante las autoridades se articula en torno al contrato ITS CS2012011, firmado originalmente el 22 de octubre de 2012 entre la empresa INTEGRATED TRADE SYSTEMS INC. (ITS), corporación estadounidense constituida en Delaware, y la firma SGS, representada por SGS NORTH AMERICA INC. y SGS DE MÉXICO. Bajo este contrato marco de servicios, @Pemex Exploración y Producción (PEP) contrató a SGS para realizar servicios de muestreo y análisis cromatográfico de gas y condensados, así como análisis PVT composicional en aceite crudo de la Región Marina Noreste. Para instrumentar esos trabajos, se emitió la Orden de Servicio número 4180938028, que es precisamente el vínculo central de toda la trama. Lo que los documentos revelan es que SGS, mientras ejecutaba trabajos directamente para PEP a través de esa orden de servicio, firmó a su vez un contrato de prestación de servicios con AQUILA ASESORES. Ese contrato privado entre SGS QUALITEST DE MÉXICO, representada por José Merino Valdés Cuervo, y AQUILA ASESORES, representada por Marcos Ramírez Silva, fue firmado el 3 de diciembre de 2013 en la CDMX. Su objeto declarado consistía en que AQUILA ASESORES proveería a SGS asesoría técnica, interpretación de resultados, programación de operaciones y movimientos de logística, así como servicios de ventas con los activos de producción de la Región Marina Noreste y otras áreas de PEP. El elemento más comprometedor del acuerdo entre SGS y AQUILA ASESORES se encuentra en la segunda cláusula del contrato: la contraprestación pactada a favor de la empresa de AQUILA ASESORES equivalía al 5% del total ejercido mensualmente por SGS, conforme a las estimaciones mensuales aprobadas por el supervisor que PEP designara para el proyecto. El pago, además, estaba expresamente condicionado a que PEP liquidara primero a SGS, lo que significa que el flujo económico que alimentaría a AQUILA ASESORES provenía directamente del erario a través de la cadena PEP-SGS-AQUILA. Ese porcentaje fijo e irrevocable, conforme al propio texto contractual, no podía modificarse salvo acuerdo previo por escrito entre ambas partes. La trama salió a la luz a través de una denuncia presentada ante el Área de Quejas del Órgano Interno de Control (OIC) en PEP, que fue registrada bajo el expediente 2015/PEP/DE239, con el oficio OIC-AQ-PEP-18.575-1328/2015. El denunciante, identificado mediante correo electrónico señaló que el contrato ITS CS2012011 y la Orden de Servicio 4180938028 habían sido formalizados con el uso de dos equipos, siendo que uno de ellos nada tenía que ver con los trabajos ejecutados. Mediante correos electrónicos enviados el 8 de abril de 2015, se alertó a la autoridad sobre estas presuntas irregularidades administrativas atribuibles a servidores públicos de PEP y al propio Marcos Ramírez Silva. En el oficio de respuesta firmado el 14 de abril de 2015 por Eric Raúl Carrillo Rivas, titular del Área de Quejas, con supervisión de Saúl Castro Castro, revisión de Héctor Hernández Vega y elaboración de Adriana Aurrecoechea Martínez, la autoridad reconoció haber iniciado investigaciones para el esclarecimiento de los hechos. El OIC constataba en su propia comunicación que el denunciante había referido que Marcos Ramírez Silva, como ex director de PGPB, habría apoyado a formalizar la Orden de Servicio correspondiente a cambio de un pago equivalente al 5% del monto estimado del contrato, es decir, el mismo porcentaje que quedaría plasmado en el contrato entre SGS y AQUILA ASESORES. La propia autoridad administrativa consignó en ese documento un detalle relevante: al momento de recibir la denuncia, Marcos Ramírez Silva ya no figuraba en PGPB, sino que había sido adscrito al Corporativo @Pemex (CP). Por esa razón, el OIC decidió remitir copia de la denuncia tanto al Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Unidad de Responsabilidades de @Pemex, como al titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en PGPB, para que cada instancia actuara en el ámbito de su competencia. El Contrato Marco de Servicios CS2012011, firmado entre ITS y SGS, con vigencia inicial de cinco años y renovación automática por periodos iguales, establecía que @Pemex y cualquiera de sus subsidiarias podrían adherirse al acuerdo como "propietarios" que contratarían los servicios de SGS directamente o a través de ITS. Bajo ese esquema triangulado, PEP no contrataba directamente con SGS en los términos tradicionales de la Ley de Adquisiciones, sino que se incorporaba a un contrato marco preexistente entre privados con sede en Estados Unidos, lo cual es en sí mismo una modalidad que ha sido cuestionada en el ámbito de la contratación pública mexicana por sus implicaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas. Dentro de ese esquema, ITS fungía explícitamente como agente de un principal revelado (PEP), con la función de otorgarle acceso a su sistema de compras, emitir órdenes de servicio en nombre de PEP cuando éste lo instruyera, servir como punto único de comunicación y negociación, y, cuando expresamente se le solicitara, realizar pagos a nombre de PEP. La arquitectura del acuerdo convertía a una corporación privada extranjera en intermediaria formal entre el Estado Mexicano y sus proveedores de servicios en áreas tan sensibles como el análisis de yacimientos petroleros en la Región Marina Noreste. La cronología de los hechos agudiza las interrogantes sobre el comportamiento de Marcos Ramírez Silva. AQUILA ASESORES fue constituida el 22 de enero de 2013, apenas tres meses después de que el contrato marco CS2012011 entrara en vigor en octubre de 2012, contrato del cual dependía directamente el trabajo por el que SGS terminó pagando a la empresa de Marcos Ramírez Silva. El contrato entre SGS y AQUILA ASESORES fue firmado el 3 de diciembre de 2013, mientras Marcos Ramírez Silva seguía siendo servidor público de @Pemex. Para abril de 2015, cuando se presentó la denuncia, ya había sido adscrito al corporativo de la paraestatal, pero la empresa permanecía activa. La propia Cláusula Vigésima del contrato entre SGS y AQUILA ASESORES, titulada "Prácticas Corruptas", resulta paradójica a la luz de las denuncias. En ese apartado, ambas partes garantizaban bajo firma que nunca habían pagado ni recibido dádivas, gratificaciones, propinas, regalos ni ningún tipo de comisión ilegal para obtener o firmar el contrato, ni habían realizado pago alguno a persona alguna para conseguir permisos o autorizaciones de alguna autoridad gubernamental. La inclusión de esa cláusula en un contrato que es señalado precisamente como un instrumento para el cobro de comisiones irregulares constituye, en el mejor de los casos, una contradicción documental de primer orden. La estructura del pago pactado refuerza el señalamiento: AQUILA ASESORES no cobrada una tarifa fija por sus servicios de asesoría, sino un porcentaje variable del monto que PEP liquidara mensualmente a SGS. Eso significa que la remuneración de la empresa de Marcos Ramírez Silva crecía de manera directa y proporcional al volumen de recursos públicos que la paraestatal destinara al proyecto. La ausencia de un tope máximo en ese porcentaje, combinada con la condición de que el pago se activara cuando PEP pagara a SGS, configura un esquema en el que el exfuncionario tenía incentivos económicos directos para maximizar el flujo de recursos del Estado hacia el contrato en cuestión. La empresa, por su parte, quedó establecida con una duración de 99 años a partir de la fecha de su constitución, con capacidad para establecer oficinas en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero, para adquirir bienes inmuebles y maquinaria, para actuar como agente o mandatario ante autoridades federales, estatales y municipales (incluyendo organismos sindicales), y para participar en otras sociedades o empresas de cualquier índole. Esa amplitud operativa, de nuevo explícitamente orientada al sector energético, reviste particular importancia dado el historial de su representante legal. Para más inri, Marcos Ramírez Silva es uno de los dos ex altos funcionarios de @Pemex que encabezan la lista de pensionados con los emolumentos más elevados dentro de la paraestatal. De acuerdo con información publicada por la revista @contralinea, su pensión -dorada- anual bruta ascendía a 4,240,521.90 pesos, cifra que supera en 47.3% el ingreso anual de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien percibe 1,614,161.10 pesos al año. Atención @Claudiashein @MarcelaVilleg15 @CNE_Mex @SENER_mx @GobiernoMX @FGRmexico @LuzElena_GE @ASF_Mexico @SCJN @STPS_mx @Tu_IMSS @SEMARNAT_mx @agencia_asea @CFEmx @CENAGAS_mx @IMPetroleo @SATMX @Hacienda_Mexico @BuenGobierno_mx @Centrofcrl @SEMAR_mx @PROFEPA_Mx @Mx_Diputados @senadomexicano @pamhamui #OIC #UIF #OmarReyesColmenares….Zas!!!

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Denuncia al 9933989844… 🚩⚠️ ¡ROGELIO CRUZ MÉNDEZ: CACIQUE PEMEX EN BARCO ARIES DE COTEMAR! Trabajadores reclaman injusticias en el barco multipropósito ARIES (MPOSV) de la empresa COTEMAR, de María Cristina Lobo Morales y que controla Alejandro Villarreal Martínez como director ejecutivo, que tiene el primer lugar en muertos por siniestros en el sexenio pasado e históricamente en @Pemex, bajo el contrato 648234819 para mantenimiento a instalaciones costa fuera de la región marina (Paquete 10), vigente del 26/09/2024 al 14/12/2029, por ADJUDICACIÓN DIRECTA por 19,777,170,804 pesos, que firmó el secuaz del Agrónomo, Javier Núñez López “El Mil Amores”, ex subdirector de Abastecimiento. Contrato que contempla otras dos embarcaciones de COTEMAR, el IOLAIR y el HERCULES. Resulta que el representante de @Pemex en el ARIES, Rogelio Cruz Méndez, se cree el dueño de la embarcación y -por ende- con el derecho de maltratar a todo el personal, ya que se siente intocable, obligando a los trabajadores a entrar 5:00 am y regresa a recuperarlos hasta las 12: 00 pm o 1:00 am, por estar dando apoyo a otras embarcaciones, regalando comida, regalando diésel, mientras a los trabajadores el ARIES, los deja “tirados” sin importar las condiciones climáticas. Al grado que deja al emparrillado sin comida ni bebida y nadie puede pronunciar su nombre por temor a represalias o ser rescindidos. Mientras Rogelio Cruz Méndez obliga a su personal de apoyo a llevarle su pan, café, buenos cortes finos de carne y otras bondades, que ni de su silla se para, mientras a los de plataforma ni agua les quiere mandar. Esta misma semana ya levantó actas administrativas porque algunos se quejaron de esta situación. Actualmente el ARIES se encuentra pivoteando en las plataformas ITTA y YAXCHÉ-C en el Activo de Extracción Litoral Tabasco (AELT antes APLT). Autoridades deben investigar y sancionar. Atención @Claudiashein @MarcelaVilleg15 @CNE_Mex @SENER_mx @GobiernoMX @FGRmexico @LuzElena_GE @ASF_Mexico @SCJN @STPS_mx @Tu_IMSS @SEMARNAT_mx @agencia_asea @CFEmx @CENAGAS_mx @IMPetroleo @SATMX @Hacienda_Mexico @BuenGobierno_mx @Centrofcrl @SEMAR_mx @PROFEPA_Mx @Mx_Diputados @senadomexicano @pamhamui #OIC #UIF #OmarReyesColmenares….Zas!!!

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Contratos por más de 3 mil mdp en Hidalgo siguen sin acreditar resultados, revela investigación #Hidalgo #Salud #Corrupción #Soles @ASF_Mexico Una investigación publicada por @Reporte_Indigo documentó que el Gobierno de Hidalgo comprometió más de 3 mil millones de pesos en recursos federalizados entre 2023 y 2026 mediante más de 2 mil contratos, en proyectos y adquisiciones para los que, hasta ahora, no existe información pública que permita acreditar los resultados obtenidos. El análisis identifica que las erogaciones de mayor cuantía se concentraron durante 2024, principalmente en el sector salud. Entre los contratos sobresale la compra de equipo médico y de laboratorio para los Servicios de Salud de Hidalgo, adjudicada a Ingenia AG S.A. de C.V. por 252 millones 107 mil 906 pesos, así como un convenio por 176 millones 276 mil 13 pesos para concluir el Hospital General de Actopan, otorgado a Constructora y Promotora Satélite S.A. de C.V. De acuerdo con el reportaje, el caso del Hospital Regional de Actopan refleja el mayor desembolso realizado en ese periodo. Desde el inicio del proyecto, en 2016, la obra ha atravesado distintas etapas, entre ellas su reconversión para la atención de pacientes con COVID-19 y una posterior reconstrucción. Solo entre 2023 y 2024 recibió al menos 346 millones 512 mil 872 pesos mediante dos contratos, aunque todavía no existe una fecha oficial para su apertura. También señala que el nuevo hospital fue proyectado para brindar atención a más de 182 mil habitantes de siete comunidades del Valle del Mezquital. Sin embargo, refiere que ni las autoridades estatales ni las federales han informado cuándo comenzará a operar de manera formal. Además, revisa la inversión realizada en infraestructura hidráulica. Entre los contratos analizados aparece la construcción de la línea de agua potable Mangas–Tezontepec de Aldama, en la comunidad de San Isidro Presas, por un monto de 26 millones 794 mil 810 pesos, asignado a Edochsa S.A. de C.V. durante 2025. Mientras esas obras avanzaban, la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales reportó la detección y clausura de más de 15 mil tomas clandestinas desde el inicio de la actual administración estatal. Además, la dependencia inició alrededor de 200 procedimientos legales relacionados con robo de agua, conexiones irregulares y daños a la infraestructura hidráulica. Otro de los apartados aborda los contratos destinados a programas para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes. Según la revisión de Reporte Índigo, la administración estatal celebró diversos convenios con personas físicas y algunos de ellos superaron los 50 millones de pesos para un solo beneficiario. El reportaje también retoma observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación durante la revisión de la Cuenta Pública 2024. El órgano fiscalizador identificó posibles irregularidades por 582.9 millones de pesos en recursos federalizados, relacionadas con obras públicas, adquisición de medicamentos y pagos a contratistas sin la documentación de respaldo correspondiente. Como contexto, añade que el estado registró un incremento en los delitos atribuidos a servidores públicos. Con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y mayo de este año esos ilícitos crecieron 42 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que durante 2025 se contabilizaron 809 carpetas de investigación, la cifra más alta para este tipo de conductas en los últimos seis años.

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